En pleno proceso de descarbonización y electrificación de la economía, España enfrenta un problema estructural que pocos se atreven a abordar con claridad: el desequilibrio energético territorial. Mientras algunas comunidades autónomas acumulan inversiones y saturan sus infraestructuras eléctricas, otras como Extremadura generan más energía limpia de la que consumen sin ver compensaciones reales en su desarrollo regional. El caso más evidente es el de la central nuclear de Almaraz, cuya continuidad está en entredicho, a pesar de su papel clave en el sistema eléctrico español.
Extremadura se ha consolidado como una potencia energética a nivel nacional. Según los datos del Anuario de la Energía y Red Eléctrica de España (REE), la comunidad produjo en 2023 un total de 29.721 GWh, frente a un consumo regional de apenas 4.761 GWh. Esto significa que produce seis veces más energía de la que necesita.
Esta capacidad se apoya en dos pilares fundamentales: por un lado, el imparable crecimiento de las energías renovables, especialmente la solar fotovoltaica; y por otro, la estabilidad de la energía nuclear, garantizada por la central de Almaraz.
Extremadura fue en 2023 la comunidad líder en producción eléctrica con solar fotovoltaica, alcanzando los 9.167 GWh, lo que supuso un crecimiento del 31,8% respecto al año anterior. En conjunto, las renovables representaron un 45,1% del mix energético regional, lo que la convierte también en la región que más energía generó sin emisiones de CO2.
La central nuclear de Almaraz no solo representa un pilar técnico del sistema eléctrico, sino también un motor económico y social. Aporta un 6% de la electricidad total del país y emplea directa e indirectamente a más de 15.000 personas. Su impacto económico supera los 800 millones de euros anuales, según datos de la Junta de Extremadura.
Sin embargo, su futuro es incierto. El cierre de Almaraz supondría no solo una pérdida de empleo y riqueza para la región, sino también un riesgo sistémico para la red eléctrica nacional. La energía nuclear sigue siendo necesaria para garantizar el suministro en condiciones de baja producción renovable, como en noches sin viento o episodios extremos de temperatura.
Eliminar Almaraz implicaría incrementar la dependencia del gas, elevar las emisiones de CO2 y, en última instancia, disparar el coste de la electricidad tanto para familias como para empresas. A pesar de ello, el debate sobre su continuidad parece condicionado más por criterios políticos que técnicos.
Frente a este panorama, Cataluña, País Vasco, Aragón y Andalucía —algunas de las regiones más industrializadas y políticamente influyentes del país— están al límite de su capacidad eléctrica. Según datos de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) y de las principales compañías del sector, el 83,4% de los nudos eléctricos de España están saturados, impidiendo nuevas conexiones.
En el caso de Cataluña, el 90% de sus nudos eléctricos ya no pueden aceptar más demanda. País Vasco alcanza el 99,2%, Aragón el 96,3% y Andalucía el 92,1%. Esta saturación impide el desarrollo de nuevas fábricas, centros de datos o instalaciones industriales, lo que ha bloqueado más de 60.000 millones de euros en inversiones estratégicas.
Y lo más relevante: no hay problema de generación de energía. España tiene suficiente electricidad. El verdadero cuello de botella está en las infraestructuras de red. Como afirmaba recientemente una portavoz del sector, “estamos operando la economía del siglo XXI con infraestructuras del siglo XX”.
A pesar de su dependencia energética de regiones como Extremadura, las grandes comunidades autónomas no solo evitan acoger infraestructuras de generación —como plantas nucleares o solares— sino que tampoco aceptan un debate sobre la balanza energética.
Durante años, se han centrado en denunciar las balanzas fiscales, reclamando más recursos estatales. Sin embargo, no quieren oír hablar de un equilibrio energético que reconozca el papel de regiones exportadoras como Extremadura. Se benefician de su energía limpia, pero no asumen los costes ni aceptan que parte de los retornos —en forma de inversión, empleo o infraestructuras— deberían redistribuirse de forma más justa.
El caso de las nucleares es paradigmático: mientras se presiona para cerrar Almaraz, las centrales nucleares catalanas permanecen operativas, sin fecha de cierre. Esta doble vara de medir alimenta una percepción de injusticia territorial que va más allá de la energía.
Desde la Junta de Extremadura se ha alzado la voz para exigir un trato más justo. No solo se defiende la continuidad de Almaraz, sino también una fiscalidad energética que no penalice a las regiones productoras y que las empresas del sector contribuyan al desarrollo del territorio.
El mensaje es claro: Extremadura quiere seguir siendo una región clave en la transición energética, pero no a cualquier precio. No puede aceptar ser únicamente un territorio de sacrificio energético que produce para otros sin ver mejoras en su propia economía y bienestar social.
Además, la Junta recuerda que el modelo extremeño es el más sostenible de todos: el 100% de la energía que se genera es libre de emisiones, combinando renovables y nuclear. Un modelo que garantiza soberanía energética para España y estabilidad para el sistema eléctrico.
Es necesario abrir un debate real sobre la energía en España. Un debate que no se limite a cifras de consumo y producción, sino que incorpore una visión territorial equilibrada. ¿Tiene sentido que las regiones más saturadas impongan vetos a nuevas infraestructuras y al mismo tiempo bloqueen el desarrollo de quienes ya aportan?
El cierre de Almaraz no es solo una cuestión técnica o ecológica. Es también una decisión con profundas implicaciones sociales, económicas y territoriales. Y sobre todo, es un símbolo de un modelo energético que debe replantearse si se quiere avanzar hacia un país más justo, eficiente y sostenible.
