Durante la pandemia, un personaje llamado Luis Cryptospain empezó a ganar popularidad en redes sociales como TikTok e Instagram. Este hombre, siempre con mascarilla, predicaba un discurso anti-impuestos, asegurando que con criptomonedas se podían evitar los pagos fiscales. Detrás de este alias estaba Álvaro Romillo, un empresario que no solo vendía estilográficas fabricadas por su padre, sino que también promovía un negocio turbio relacionado con la evasión de impuestos.
Aunque Álvaro Romillo se presentaba como un experto en criptomonedas y ahorro fiscal, su negocio principal era una "no-asesoría fiscal" ubicada en Estonia, llamada Elusión Legal. ¿Qué hacía exactamente? Mezclaba términos de evasión y elusión fiscal para convencer a sus clientes de que sus métodos eran completamente legales.
Lo que Romillo ofrecía era evasión fiscal disfrazada de elusión, engañando a sus clientes al hacerles creer que sus prácticas eran legales. Su estrategia consistía en utilizar NFTs para que sus clientes se autocompraran estos activos y generaran pérdidas ficticias a través de sociedades pantalla.
Al ver que su esquema inicial empezaba a desmoronarse, Romillo buscó una nueva forma de obtener dinero: el MIC (Madeira Invest Club). Este esquema de inversión colectiva prometía retornos sin impuestos, utilizando nuevamente los NFTs.
Antes de entender cómo funcionaba el MIC, es importante conocer cómo operan las plataformas de financiación colectiva legales en España. Empresas como Wecity o Urbanitae permiten que muchas personas aporten pequeñas cantidades de dinero para financiar proyectos inmobiliarios, y luego las ganancias se reparten cuando se vende el proyecto. La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) regula estas actividades y establece requisitos, como el análisis de los proyectos y la limitación de inversión para no profesionales.
Romillo prometía algo similar, pero con un giro: en lugar de que los inversores tuvieran un porcentaje de la inversión, estos recibían un NFT, que en teoría representaba su parte del fondo de inversión. Era como decir: “Vendo un bolígrafo por 100€, y de regalo te doy una entrada para un concierto”. Este esquema se utilizaba para intentar evitar el pago de impuestos.
La CNMV no tardó en advertir que el MIC no tenía autorización para gestionar inversiones colectivas, pero el proyecto siguió adelante. Romillo y su equipo lograron levantar dinero con MIC I y MIC II, financiando parte de los fondos en una nueva empresa: SentinelBQ.
SentinelBQ era un local que ofrecía cajas de seguridad donde los clientes podían guardar sus bienes (dinero en efectivo, oro o criptomonedas) sin que quedara rastro legal. La promesa era que ni siquiera Hacienda podría rastrear estos activos, y además, la empresa que Álvaro ofrecía crear en Estonia tenía otra caja en SentinelBQ, facilitando así la evasión de capitales. La idea era mover físicamente los activos de una caja a otra sin cámaras de seguridad ni registros.
Se especuló que SentinelBQ llegó a gestionar activos por valor de 600 millones de euros, pero es probable que esta cifra fuera exagerada por el propio Romillo y su equipo.
A pesar de que los fondos de MIC I aún no habían generado beneficios, Romillo lanzó MIC III, logrando atraer a más inversores. Entre las inversiones destacaban concesionarios de coches deportivos y un yate en el que Romillo comenzó a grabar videos.
Sin embargo, las primeras alarmas sonaron cuando unos periodistas contactaron a Romillo, informándole que estaba siendo investigado. Sin dar declaraciones, Romillo ejecutó lo que parecía un plan bien diseñado para desaparecer:
Además, Romillo publicó un video en redes sociales donde afirmaba que sus cuentas habían sido bloqueadas, lo cual resultó ser falso. En paralelo, comenzó a pedir a sus inversores que proporcionaran la información KYC (Know Your Customer), que hasta entonces no había solicitado, lo que implicaba que compartiría esta información con las autoridades fiscales.
Romillo, en un intento de desviar la atención, incriminó a Alvise, una figura mediática que había promovido el MIC III entre su comunidad. Alvise supuestamente recibió 100.000 euros en efectivo como parte de este esquema. A día de hoy, Alvise intenta justificar este pago como una compensación por su promoción del fondo, pero Romillo ha entregado a las autoridades conversaciones en Signal que podrían demostrar lo contrario.
Aunque el MIC no fue un esquema Ponzi clásico (ya que no repartía ganancias anuales), todo indica que SentinelBQ fue diseñado como una trampa para evasores fiscales, que ahora se ven en la difícil posición de reclamar sus bienes sin exponerse a consecuencias legales. Romillo, por su parte, colabora con la justicia para tratar de resarcir a los inversores, mientras que Alvise parece haber quedado atrapado en este complejo entramado.
