Tras 40 años de libertad de acción, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha hecho que los poderes de las agencias reguladoras vuelvan a ser vulnerables a las demandas judiciales.
Tras 40 años de libertad de acción, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha hecho que los poderes de las agencias reguladoras vuelvan a ser vulnerables a las demandas judiciales. Como cualquier adulto de mediana edad que vuelve a vivir con sus padres, la reimposición de límites y supervisión será un shock para ambas partes. Una norma práctica que guíe la forma en que los jueces revisarán las impugnaciones -y la forma en que las agencias deben redactar las nuevas normas- requiere tiempo y una evolución dolorosa. Por ahora, sin embargo, una serie de industrias se enfrentan a posibles trastornos.
La decisión del Tribunal del viernes de poner fin a un importante precedente jurídico conocido como deferencia Chevron implica que la costumbre de décadas de deferir a las interpretaciones de las agencias de los estatutos que las facultan ha terminado. Esto abre muchas posibilidades para nuevos desafíos legales: a menudo, el Congreso legisla programas completamente nuevos con un mínimo de detalles, a veces simplemente ordenando que se diseñen "en interés público". Las agencias son las encargadas de rellenar los espacios en blanco. Esos son los programas que correrán más riesgo de ser demandados en un mundo pos-Chevron.
La lista completa de estas vulnerabilidades sería muy, muy larga. Los créditos fiscales para los vehículos eléctricos podrían estar en peligro, por ejemplo, si los demandantes argumentan que las normas del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS, la agencia tributaria) para reclamar el crédito son innecesariamente estrictas. Al fin y al cabo, si el Congreso no fija límites rígidos, los tribunales ya no tienen que fiarse de la palabra de la agencia.
Los jueces podrían mirar con recelo los procedimientos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para aprobar nuevos fármacos, dictaminando que su interpretación de cómo aplicar las escalas directrices explícitas de la legislación es demasiado amplia.
La norma de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) que prohíbe los pactos de no competencia con empleados, que se basa en una interpretación ya de por sí controvertidamente amplia de un artículo de la ley, podría ser impugnada.
Algunas industrias podrían salvarse de un latigazo cervical si, tras haber visto los años de ataques dirigidos contra la deferencia Chevron, las agencias intentaran redactar sus normas con el suficiente cuidado como para sobrevivir sin ella. En el pasado, los jueces también han protegido a las agencias al determinar que el Congreso no estaba siendo ambiguo y que, de hecho, confería una autoridad normativa sustancial.
Sin embargo, una nueva norma jurídica para determinar esa ambigüedad sería de gran ayuda. El tribunal ha sugerido incluso un respaldo, conocido como deferencia Skidmore, que proviene de un caso de 1944 que determinó que los jueces deben dar una "consideración respetuosa" a las interpretaciones de los estatutos por parte de las agencias, especialmente cuando el Congreso delega autoridad en una agencia específica.
La alternativa es que cientos de jueces federales decidan que pueden diseñar un programa federal de asistencia sanitaria o una desgravación fiscal mejor que los expertos.
La reciente decisión del Tribunal Supremo que limita los poderes de las agencias federales puede tener implicaciones profundas y de largo alcance para diversas industrias. Aquí se explican algunos de los puntos clave y sus posibles consecuencias:
Deferencia Chevron: Durante las últimas cuatro décadas, las agencias federales han tenido la capacidad de interpretar y aplicar las leyes con una considerable libertad, basada en el precedente de deferencia Chevron. La deferencia Chevron permitía a los tribunales deferir a las interpretaciones de las agencias respecto a los estatutos ambiguos que ellas mismas administraban, siempre que la interpretación fuese razonable. La eliminación de este precedente significa que ahora los tribunales tienen más margen para cuestionar y rechazar las interpretaciones de las agencias.
Créditos Fiscales para Vehículos Eléctricos: Las normas del IRS sobre créditos fiscales podrían ser impugnadas si se considera que son demasiado estrictas o no están justificadas adecuadamente. Esto puede desincentivar la compra de vehículos eléctricos, afectando negativamente al mercado de energías limpias y a los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono.
Aprobación de Nuevos Fármacos: La FDA podría enfrentarse a retos significativos en sus procedimientos de aprobación de nuevos medicamentos. Las interpretaciones amplias de las leyes por parte de la FDA podrían ser cuestionadas, lo que podría ralentizar la introducción de nuevos tratamientos y afectar a la industria farmacéutica.
Normas de la FTC sobre Pactos de No Competencia: La FTC, que busca limitar los pactos de no competencia, podría ver sus normas impugnadas bajo el nuevo escrutinio judicial. Esto puede impactar la movilidad laboral y las prácticas de contratación en diversas industrias, desde tecnología hasta manufactura.
Redacción Cuidadosa de las Normas: Las agencias deberán ser extremadamente precisas y meticulosas en la redacción de sus regulaciones para asegurar que puedan sostenerse bajo un escrutinio judicial más riguroso. Esto podría llevar a procesos de regulación más lentos y burocráticos.
Apoyo Judicial: En algunos casos, los jueces podrían seguir protegiendo a las agencias al determinar que el Congreso no fue ambiguo y que las agencias tienen una autoridad clara. Esto dependerá en gran medida de la interpretación judicial en cada caso.
Nueva Norma Jurídica - Deferencia Skidmore: La deferencia Skidmore podría ofrecer un punto medio, donde las interpretaciones de las agencias reciben una consideración respetuosa, aunque no un cheque en blanco. Esto requerirá un ajuste significativo en cómo las agencias formulan y justifican sus regulaciones.
Apelaciones en Cortes Inferiores: Antes de llegar al Tribunal Supremo, las sentencias de tribunales inferiores pueden ser apeladas en cortes de apelaciones. Las partes pueden argumentar que hubo errores en la aplicación de la ley o en la interpretación de los hechos.
Revisión por el Tribunal Supremo: El Tribunal Supremo tiene la discreción de aceptar o rechazar casos para revisión, generalmente mediante un proceso conocido como "certiorari". El Tribunal Supremo suele aceptar casos que presentan cuestiones legales significativas o cuando hay conflictos entre diferentes cortes de apelaciones.
Solicitud de Revisión o Reconsideración: En algunos casos, se puede solicitar una revisión o reconsideración de una sentencia emitida por el Tribunal Supremo, aunque estas solicitudes son raramente aceptadas. Este proceso generalmente requiere presentar nuevos argumentos o evidencia significativa que no estaba disponible anteriormente.
Regulación Económica: La decisión podría ralentizar y complicar el proceso de regulación, afectando la eficiencia del gobierno federal en la gestión de la economía. Sectores como la protección del medio ambiente y la seguridad laboral también podrían verse afectados, ya que las regulaciones en estas áreas a menudo requieren interpretaciones amplias y adaptativas.
Incertidumbre Legal y Económica: La nueva dinámica crea incertidumbre para las empresas que dependen de regulaciones estables y predecibles. Las industrias tendrán que adaptarse a un entorno donde las reglas del juego pueden cambiar con mayor frecuencia debido a desafíos legales constantes.
En resumen, la sentencia del Tribunal Supremo representa un cambio significativo en el equilibrio de poderes entre las agencias federales y el poder judicial, con implicaciones potencialmente disruptivas para diversas industrias y para la forma en que se implementan y supervisan las políticas públicas en Estados Unidos. Aunque la reciente decisión del Tribunal Supremo introduce un nivel significativo de incertidumbre y potencial para conflictos legales, existen mecanismos y estrategias para revisar y adaptar las sentencias y regulaciones. La evolución del marco legal continuará dependiendo de la interacción entre el poder judicial, el legislativo y las agencias reguladoras, así como de la capacidad de estas entidades para adaptarse a nuevos estándares y desafíos legales.
