El sector del tomate en España enfrenta una crisis sin precedentes. Los agricultores extremeños denuncian que los precios han caído por debajo de los costes de producción, mientras deben competir con productos importados que no cumplen con las mismas exigencias.
Los productores de tomate en Extremadura afrontan una campaña complicada con un descenso significativo en los precios. Los contratos con la industria han establecido precios entre 107 y 115 euros por tonelada, muy por debajo de los valores alcanzados en la campaña anterior, cuando los agricultores recibían entre 130 y 150 euros. Esta caída ha generado preocupación en el sector, especialmente porque los costes de producción se mantienen elevados y muchos agricultores consideran que el cultivo ya no es rentable.
Desde hace meses se preveía una bajada en el precio del tomate debido a varios factores. El principal es el exceso de producción de la campaña pasada, lo que ha generado un importante stock sin vender. Además, la competencia internacional ha crecido considerablemente, con China consolidándose como un actor clave en el mercado global del tomate.
Históricamente, el precio medio del tomate para industria se situaba en torno a los 100 euros por tonelada. Sin embargo, durante y después de la pandemia, el valor se disparó debido a una mayor demanda y al aumento de los costes de producción. Ahora, con una oferta elevada y una menor demanda de la industria, los precios han vuelto a caer, afectando directamente a los agricultores.
Los agricultores extremeños han calificado la situación de "ruinosa". Apag Extremadura Asaja y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga) han manifestado su preocupación por el futuro del sector. Según sus representantes, muchos productores podrían verse obligados a abandonar el cultivo ante la falta de rentabilidad.
El presidente de Agryga, Herminio Íñiguez, ha señalado que el tomate es un cultivo que requiere grandes inversiones y que los agricultores extremeños están altamente cualificados. Sin embargo, con los precios actuales, muchos no podrán hacer frente a los costes y se verán obligados a replantearse su actividad.
Por su parte, Juan Metidieri, presidente de Apag, ha criticado que la Junta de Extremadura no haya publicado oficialmente los costes de producción, tal y como exige la Ley de la Cadena Alimentaria. Esto deja a los agricultores en una posición de indefensión, ya que las industrias pueden ofrecer precios por debajo del umbral de rentabilidad sin una referencia oficial que lo impida.
Desde la industria, se reconoce que los precios de esta campaña son ajustados, pero argumentan que son necesarios para mantener un equilibrio entre ingresos y gastos. Domingo Fernández, presidente del grupo cooperativo Acopaex y del grupo Apis y Tomates del Guadiana, ha señalado que el valor de 115 euros por tonelada responde a un estudio de costes elaborado por Cooperativas Agro-Alimentarias de Extremadura.
Según este estudio, el coste de producción en 2024 se sitúa en 115 euros por tonelada, lo que hace que el margen de beneficio sea mínimo. Fernández ha explicado que el rendimiento por hectárea será clave para que los agricultores puedan cubrir los gastos: "Si hay muchos kilos y el tiempo se comporta bien, salvaremos la campaña".
La incertidumbre generada por la caída de precios ha provocado que los productores opten por reducir la superficie cultivada. Mientras que en la campaña pasada se plantaron 24.477 hectáreas, este año se espera que la cifra no supere las 21.000.
A pesar de que el consumo mundial de tomate no ha disminuido, la elevada producción del año pasado ha saturado el mercado, dificultando la salida del nuevo producto. En 2023, la producción alcanzó los 2,3 millones de toneladas en Extremadura, con un rendimiento de 91,73 toneladas por hectárea. Este alto rendimiento permitió a los agricultores compensar la inversión, pero las condiciones actuales hacen que el panorama sea más incierto.
Unidas por Extremadura ha denunciado que el precio acordado en los contratos incumple la Ley de la Cadena Alimentaria, ya que se sitúa por debajo de los costes de producción. Irene de Miguel, diputada de la formación, ha acusado a las empresas transformadoras de fijar precios abusivos que no garantizan la rentabilidad de los agricultores.
De Miguel ha criticado también la postura del Gobierno regional, al que acusa de "mirar hacia otro lado" mientras se produce un "incumplimiento manifiesto" de la normativa. Según la diputada, el precio de los contratos del tomate debería situarse, como mínimo, en 130 euros por tonelada para garantizar la sostenibilidad del sector.
El descenso del precio del tomate ha generado gran preocupación en el sector agrario extremeño. Con un valor por debajo del coste de producción y una reducción en la superficie cultivada, la rentabilidad de los productores está en peligro.
Mientras los agricultores reclaman medidas urgentes para evitar el colapso del sector, la industria defiende que los precios reflejan la realidad del mercado. El futuro de la campaña dependerá en gran parte del rendimiento por hectárea y de las condiciones climáticas, pero la incertidumbre sigue siendo la gran protagonista en el campo extremeño.
Este año, los contratos entre los productores y la industria han fijado precios de entre 107 y 115 euros por tonelada, una caída significativa respecto a la horquilla de 130-150 euros del año anterior. Aunque el precio histórico rondaba los 100 euros, la pandemia y el incremento de costes llevaron a un aumento temporal, que ahora se ha revertido.
Desde Apag Extremadura Asaja califican estos precios de "ruinosos", y Unidas por Extremadura alerta sobre el incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, ya que los agricultores están obligados a vender por debajo de sus costes de producción.
José Antonio Gutiérrez de Tena, agricultor con casi 30 años de experiencia, denuncia que los productores españoles deben cumplir estrictas normativas, mientras en los supermercados aparecen tomates importados sin trazabilidad ni controles de calidad equivalentes.
"Competimos contra un tomate chino sin ninguna trazabilidad", critica el agricultor, subrayando la falta de equidad en el mercado.
Además, el exceso de producción mundial, con China como uno de los principales actores, ha saturado el mercado, afectando directamente a los agricultores españoles.
La falta de rentabilidad está obligando a los productores a reducir la superficie cultivada. En la campaña anterior, en Extremadura se sembraron 24.477 hectáreas, mientras que este año se prevé no superar las 21.000 hectáreas.
Los costes de producción han sido calculados en 115 euros por tonelada, lo que deja un margen de beneficio mínimo o inexistente.
"El tomate requiere inversiones muy fuertes y los tomateros están altamente cualificados. Con estos precios, muchos se verán obligados a abandonar el cultivo", advierte Herminio Íñiguez, presidente de Agryga.
La incertidumbre en el sector provoca que muchos agricultores desaconsejen esta profesión a las nuevas generaciones.
"Tengo tres hijos y les hago hincapié en que vayan hacia otro oficio, pero el del campo no", confiesa Gutiérrez de Tena, reflejando la falta de perspectivas para el relevo generacional.
El sector reclama medidas urgentes para garantizar precios justos y frenar la competencia desleal de productos importados sin control. De lo contrario, la supervivencia de la agricultura española está en riesgo.
